Un sonriente Duarte viene a México

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“Las acusaciones contra mí son infundadas, ligeras, vagas e imprecisas”, dijo el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ante el juez durante la segunda audiencia en Guatemala. “Es por ello que solicito no allanarme y por tanto la extradición a mi país para hacer frente a las acusaciones”, anunció ante el juez y las cámaras de televisión.

Después de escuchar durante media hora las acusaciones en su contra -que van desde peculado a tráfico de influencias- el exgobernador tomó la palabra y anunció su intención de presentarse cuanto antes ante la justicia mexicana por las “irrisorias” acusaciones.

“Se trata de una falta de respeto a las autoridades aquí presentes (…) no perdamos más tiempo y deseo pedir la extradición”, sentenció.

La fiscal detalló que aún queda un último trámite que deberá cumplirse el próximo martes, 4 de julio, durante una nueva audiencia pública, por lo que podría retrasarse algunos días su extradición, que ya fue aprobada por el juez.

Durante la sesión de este martes, a la que fue convocado para darle a conocer los cargos que le imputa el Gobierno de Veracruz, Duarte empleó siete minutos en revelar sus intenciones y, de paso, la que será su estrategia de defensa ante las acusaciones de un “Gobierno fallido”: “Es irrisorio acusarme de tráfico de influencias cuando ya no era servidor público” dijo o por “transferir 220 millones de pesos (unos 11 millones de dólares) de una cuenta del Estado a otra cuenta del Estado, por lo que no hubo extracción del dinero público” se defendió ante el juez.

Este martes, la sala tercera del juzgado de Ciudad de Guatemala se quedó pequeña para recibir a uno de los presos más conocidos del país centroamericano, rico en políticos encarcelados. El exgobernador, con aspecto tranquilo, barba y el pelo más corto, escuchó durante media hora los cinco cargos que le imputa la Fiscalía de Veracruz: tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y coalición.

Mientras la fiscal Karina Bolaños leía los delitos, Duarte interrumpía hablando con su abogado, susurrando y o haciendo precisiones en voz baja hasta que el juez le obligó a guardar silencio en espera de su turno de palabra.

Durante ese tiempo, la fiscal relató que Duarte sacó de cuentas públicas 220 millones de pesos mexicanos de un fondo previsto para llevar agua potable y mejoras en el alcantarillado en las zonas rurales de Veracruz, relató.

Previamente, el juez no había permitido al asesor mexicano de Duarte, Pablo Campuzano, sentarse junto a él, debido a que no está legalmente acreditado en el país para ejercer, y, sin comenzar la sesión, lo obligó a colocarse junto a los periodistas.

La decision de Javier Duarte (Veracruz, 1973) supone un cambio en la estrategia mantenida hasta ahora de retrasar lo más posible su llegada a México donde le espera un largo rosario de acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) a las que se añaden ahora las de la fiscalía veracruzana.

Duarte, detenido en Guatemala en abril de este año, había huído en octubre cuando empezaron a revelarse su participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. “Durante su mandato realizó un complejo esquema de desvío de recursos y pretendió otorgarle apariencia de licitud”, acusó José Antonio Galdamés, uno de los fiscales, durante la primera audiencia.
Después de seis años como Gobernador de Veracruz, la Fiscalía mexicana, responsabiliza a Duarte de encabezar y girar instrucciones a una red de testaferros que “compró propiedades con recursos que provenían de las arcas de Veracruz”.

La PGR le imputa el saqueo de 253 millones de pesos de los fondos públicos de las secretarías de Salud y Educación. Una fortuna que, después de un complejo proceso de blanqueo, usó para asegurarse la vejez con la compra de inmuebles de lujo, entre ellos dos casas en Lomas de Chapultepec (Ciudad de México) y un rancho de diseño en la exclusiva zona de Valle de Bravo (Estado de México).

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