Los mentados papeles de Panamá que revelan la corrupción global

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Amenos que viva usted completamente desconectado, vaya despertando de un coma o regresando de vacacionar en la zona del silencio, seguramente ha escuchado o leído sobre el escándalo de los #PanamaPapers en los últimos días. En síntesis, se trata de un atisbo a la forma en que personalidades de todo el mundo evaden impuestos y “lavan” recursos derivados de la corrupción en sus países y a nivel internacional. La filtración de una extraordinaria e insólita cantidad de información sobre los usuarios de servicios financieros de una empresa panameña (Mossack-Fonseca) ha permitido identificar con nombres y apellidos a figuras públicas y autoridades que han contratado esquemas financieros en sistemas legales permisivos para esconder su dinero, hacerlo invisible e imposibilitar el rastreo de sus propiedades y activos valuados en miles de millones de dólares.

El escándalo involucra directamente a cientos de personas y ha adquirido dimensiones diversas en función de la evidencia encontrada y de las capacidades de los medios que participaron en la investigación en cada país (más de cien medios y cuatrocientos periodistas en 75 países): en Islandia se detectó una empresa beneficiaria del quebranto de 2010, propiedad del Primer Ministro y su esposa; y en Rusia, una red de triangulación de recursos públicos a amigos del presidente Putin. En Argentina se detectó la participación del actual presidente, Mauricio Macri y un secretario privado del expresidente Kirchner en empresas off shore, además de evidencia de que el padre de Messi incorporó una empresa fantasma para evadir el pago de impuestos. En México se han identificado diversas cuentas y contactos de políticos y empresarios con la firma de servicios financieros, además de una operación para hacer invisibles alrededor de cien millones de dólares propiedad de Armando Hinojosa, contratista del gobierno por medio del grupo HIGA y vinculado al presidente y al secretario de Hacienda por haberles facilitado directamente la adquisición de la Casa Blanca al primero y una casa en Malinalco al segundo.

Esta es muy probablemente la primera ronda de hallazgos que se irán haciendo públicos en los próximos meses. Habrá mucho más que discutir. Así las cosas, si no fuera del todo claro por qué los hallazgos en México son también escandalosos, haremos un esfuerzo por explicarlo en detalle.

En primer lugar, hay evidencia directa de la participación de políticos y sus familiares en esquemas sospechosos, utilizados para evadir el pago de impuestos o para esconder la procedencia ilícita de recursos. Esto debe ser investigado.

En segundo lugar, la incipiente respuesta de las autoridades deja clara su omisión, su incompetencia –o ambas. Solo ha respondido el Servicio de Administración Tributaria, responsable de investigar delitos fiscales, pero no las autoridades a cargo de las unidades de inteligencia financiera (en la Secretaría de Hacienda y en la Procuraduría), encargadas de investigar el lavado de dinero y la procedencia ilícita de los recursos. En el caso de la mayor parte de los políticos nombrados (y sus familiares), en primer lugar es necesario determinar de dónde provienen los recursos. Dada la lentitud de las autoridades para identificarse competentes, va a ser difícil, si no imposible, discernir entre los delitos y llevar a cabo investigaciones exhaustivas.

Y en tercer lugar, la operación para “esconder” los recursos de Hinojosa es todavía más sensible, no solo por los probables delitos que representa, sino porque abre el viejo expediente del conflicto de interés del secretario de Hacienda. Su relación probada y el hecho de que el secretario está a cargo de dos de las entidades encargadas de una improbable pero necesaria investigación representan un conflicto de interés en los hechos, que requeriría su renuncia.

Vamos por partes.


Los puntos sobre las íes: evasión, corrupción y lavado de dinero

En primer lugar, es importante subrayar que la evasión fiscal es un delito. En México estamos acostumbrados a que la élite económica pague pocos impuestos y la idea de que es lógico que haya personas que saquen los recursos del país para colocarlos en un “paraíso fiscal” es una falacia que permite normalizar la conducta delictiva que toleramos (lxs ciudadanxs y las autoridades). Pero no cabe duda, en los términos del título cuarto, capítulo II del código fiscal de la federación (aquí, artículos 92 a 115, pp. 120 en adelante), evadir el pago de impuestos en un número considerable de supuestos es un delito que se castiga con cárcel. El presunto delito debe ser investigado por las autoridades hacendarias y por el ministerio público (a solicitud de la Secretaría de Hacienda). Cometen un delito quienes incurren en la falta y quienes asesoran a la persona, física o moral, para concretar el delito. Aún si no se verificó el delito, tener la intención de evadir impuestos y realizar acciones para evadir impuestos también es un delito (en calidad de tentativa, en nuestro marco normativo), que se verifica cuando la persona no llevó a concreción el delito por causas ajenas a su voluntad. Todas las figuras públicas señaladas hasta ahora por la investigación de los medios que participan en la pesquisa son presuntos responsables del delito de evasión. Especialmente si llevaron a cabo acciones para esconder su propiedad (como ocurrió con el ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angoitia), que indica haber cumplido con la norma pero cuya propiedad sería imposible aquilatar sin la filtración.

En segundo lugar, la evasión es solo uno de los delitos de los que se tiene evidencia. También hay evidencia sugerente de que se pudo haber cometido el delito de lavado de dinero –en los términos del artículo 400bis del código penal federal, “operar con recursos de procedencia ilícita” (aquí, en las pp. 107 y subsecuentes)–, al menos en los casos en que las figuran políticos y sus familiares.

Aquí es importante hacer una pausa para resquebrajar un mito: que el lavado de dinero está principalmente asociado al crimen organizado. Falso. También está asociado al financiamiento del terrorismo y, de forma predominante, a los delitos de corrupción. En otras palabras, es tanto o más común el enriquecimiento ilícito asociado a la amplia diversidad de delitos derivados de abuso de autoridad, peculado, cohecho y pago de mordidas para recibir contratos públicos en el mundo que el asociado al tráfico de drogas o armas. Y por tratarse principalmente de figuras públicas, la lista hasta ahora de los #PanamaPapers también es sugerente de que pudo haberse verificado diversos delitos de corrupción (acá explicados por un especialista, y tipificados sin margen de duda en el título décimo del código penal federal, especialmente en los capítulos XII y XIII).

Se trata, en los términos del lenguaje especializado de la fiscalización internacional, de “personas políticamente expuestas” (PEP, por las siglas en inglés del término). Las PEP (como todas y todos los políticos mexicanos señalados por la investigación, incluyendo a las familiares y esposas) están sujetas a un régimen especial de verificación de activos financieros en México y en el mundo por su vulnerabilidad a delitos de corrupción. Los acuerdos y estándares en función de los cuales deben registrarse los activos financieros de políticos y familiares (PEPs) han sido ampliamente discutidos y acordados a lo largo de 15 años. México presume ser punta de lanza en su adopción, pero no cumple en sancionar su incumplimiento. En México no estamos acostumbrados a hablar de los PEPs porque nuestro sistema regulatorio y de verificación de cumplimiento es malo, pero no cabe duda: los procedimientos para el registro de activos de PEPs existen porque cuando realizan operaciones financieras de este tipo es probable o muy probable que los recursos se deriven de delitos de corrupción.

No todas las triangulaciones son ilegales, ni todas las “empresas fantasma” son vehículos para lavar dinero, pero es altamente probable que lo sean, especialmente cuando son realizadas por personas físicas. Como dice un experto fiscal investigador de delitos financieros, citado por McClatchy DC para contextualizar la nota del contratista Hinojosa en México, “¿por qué querría una persona (física) tener múltiples empresas extra-territoriales? […] No hay razón legítima de negocios para ello.”

Cuando políticos y sus familiares (PEPs) triangulan dinero o registran empresas sin rastro de su participación, son ampliamente investigadas (donde se llevan a cabo investigaciones de este tipo, no en México). El Financial Action Task Force (FATF, grupo intergubernamental al que pertenece México) ha publicado sendos documentos con buenas prácticas para combatir la corrupción desde esta óptica (este es el principal), y formuló recomendaciones específicas para regular y verificar los movimientos financieros de este tipo de personas. Hace apenas dos años el grupo validó que en México existen reglas suficientes para investigar estos delitos. Esta crisis representa una oportunidad para ver si nuestras autoridades están a la altura para realizar estas investigaciones.


Investigar, no simular

Investigaciones. En plural. Diversas. No solo por evasión (especialmente de los empresarios, Ricardo Salinas Pliego y Alfonso de Angoitia), probablemente el menos grave de los delitos cuya existencia es probable, sino también por enriquecimiento ilícito y por operaciones con recursos de procedencia ilícita (especialmente de los políticos y familiares involucrados en la creación de fideicomisos y adquisición de empresas para desaparecer el rastro de su propiedad).

Estas investigaciones deben correr a cargo de las diversas instancias creadas ex profeso para perseguir delitos de corrupción y lavado, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (a cargo del tristemente famoso ex fiscal del Estado de México, Alberto Bazbaz); y las unidades especializadas en Análisis Financiero (a cargo de Jesús Díaz Cervantes) y en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (a cargo de Héctor de la Paz Cáceres), ambas en la Procuraduría General de la República. Sería deseable que participara, además, el fiscal especial para delitos de corrupción, pero el puesto está vacante desde su creación. El Senado no se ha dignado a nombrar a un fiscal especial a pesar de que ya hace quince meses entrevistó a un serio conjunto de aspirantes al cargo creado con la reforma política de 2013.

Es poco probable que estas investigaciones se realicen por una amplia diversidad de factores –principalmente porque no tenemos fiscales con la experiencia y pericia técnica para realizar una investigación de este tipo. Pero es indispensable insistir en la necesidad de que se lleven a cabo. Especialmente porque estamos construyendo las instituciones que permitan combatir la corrupción para los próximos cincuenta años. Amén de las buenas prácticas y normas que podrían incorporarse como parte de las reformas que crearán el Sistema Nacional Anticorrupción (regresaremos a ellas al final de esta nota), nada suple la experiencia en la investigación y vinculación a proceso de este tipo de delitos (así lo sugieren las guías general y específica de la oficina de las Naciones Unidas para el control de drogas, a cargo de las políticas anticorrupción, espacio en el que también colabora México). Y haría bien la procuradora en instruir inmediatamente a los titulares de las unidades citadas a iniciar las pesquisas necesarias, como ya hicieron las procuradurías de los Estados Unidos y otros seis países al cierre de este texto..

Si se llevan a cabo investigaciones, en cualquier caso deben basarse en la integración de averiguaciones y pesquisas periciales detalladas y altamente especializadas, que incluyan la investigación a fondo del origen de los recursos. Se trata de investigar, no de simular, como ocurrió con el informe del secretario de la Función Pública, que indicó como prueba de sus conclusiones haber “preguntado” a los implicados si habían incurrido en tal o cual falta, sin verificarla.

El secretario de la Función Pública estaba limitado por su capacidad y sus funciones, que no son las de investigación. El secretario Andrade no es un fiscal. Para investigar a fondo estos señalamientos, en cambio, es necesario el despliegue de las funciones plenas de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la colaboración de la Secretaría de Hacienda con la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR (con poderes de investigación que no tiene ningún otro agente de investigación en el país), incluyendo diversas tareas de inteligencia, el intercambio de información con otros países y la confiscación precautoria de bienes.

Aquí, sin embargo, las cosas se complican porque la evidencia de la participación de José Armando Hinojosa en operaciones para esconder hasta cien millones de dólares genera un nuevo conflicto de interés para el Secretario de Hacienda, como explicamos a continuación.

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